Propuesta busca aplicar nuevo gravamen a dispositivos electrónicos en México

La Secretaría de Cultura, en coordinación con el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), ha comenzado a trabajar en una propuesta legislativa que contempla la implementación de un gravamen de hasta el 2% sobre el valor de venta de dispositivos electrónicos como teléfonos inteligentes, tabletas y unidades de almacenamiento USB. Este esquema, denominado por diversos sectores como un posible "moche digital", busca instaurar una compensación económica por el uso de estos equipos para la reproducción de obras protegidas por derechos de autor, bajo el argumento de proteger la propiedad intelectual en el entorno tecnológico actual.

De concretarse, la medida representaría un cambio significativo en la política fiscal aplicada a los productos tecnológicos en México. La propuesta sugiere que el cobro se realice directamente al momento de la comercialización, lo que impactaría el precio final que pagan los consumidores. Las autoridades han señalado que este mecanismo sigue modelos observados en otros países donde se busca equilibrar el acceso a la tecnología con el derecho de los creadores a recibir regalías por el uso de sus contenidos en soportes digitales.

Representantes del sector comercial y diversas cámaras empresariales han expresado su preocupación respecto al impacto que este impuesto podría tener en el mercado nacional. Los críticos de la medida sostienen que un incremento en los precios finales afectaría principalmente a los sectores de menores ingresos, dificultando la digitalización y el acceso a herramientas de comunicación esenciales en la vida cotidiana y académica. Por su parte, la Secretaría de Cultura mantiene que el objetivo es fortalecer la recaudación para el fomento a las artes y la protección del patrimonio creativo del país.

Para que esta propuesta se convierta en una realidad, deberá ser presentada formalmente ante el Congreso de la Unión para su discusión y posible aprobación en el marco del presupuesto anual. Hasta el momento, el Poder Ejecutivo no ha enviado la iniciativa de ley de manera formal, por lo que el esquema continúa en una etapa de análisis técnico. El debate sobre la viabilidad de este impuesto se perfila como uno de los temas centrales en la agenda legislativa de los próximos meses, donde se deberán evaluar los beneficios recaudatorios frente a las posibles repercusiones en la economía de las familias mexicanas.