Vecinos de Benito Juárez exigen frenar despojos inmobiliarios en un mes

Representantes vecinales de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México emplazaron este jueves a las autoridades locales a resolver los casos de despojo de inmuebles que han afectado a diversas familias en la demarcación. Tras reconocerse oficialmente la existencia de una red de delincuencia organizada dedicada a la apropiación ilegal de propiedades, los afectados demandan acciones contundentes y resultados tangibles antes de que concluya el mes de agosto.

El grupo de residentes sostiene que el fenómeno de despojo ha crecido en los últimos meses, utilizando métodos de falsificación documental y presión indebida contra propietarios. Los vecinos han solicitado formalmente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana una estrategia coordinada que permita restituir los bienes a sus legítimos dueños y desmantelar la estructura operativa de los grupos delictivos identificados.

Durante las reuniones mantenidas con las autoridades, los portavoces ciudadanos expusieron la urgencia de fortalecer la vigilancia en las colonias con mayor incidencia. La propuesta de los vecinos incluye la creación de una mesa de trabajo permanente que brinde asesoría jurídica gratuita a las víctimas y un seguimiento puntual a las carpetas de investigación abiertas, garantizando que el proceso de justicia no se detenga por trámites burocráticos.

Por su parte, las autoridades han manifestado la intención de colaborar con las instancias federales para rastrear los vínculos de esta red criminal. Se ha propuesto implementar un sistema de alerta temprana en el Registro Público de la Propiedad para prevenir que los inmuebles sean transferidos de manera ilícita mientras los casos se encuentran bajo investigación judicial.

Los vecinos han advertido que, de no observar avances significativos en el plazo estipulado, buscarán escalar sus peticiones ante instancias de nivel federal. La expectativa de la comunidad es que el compromiso de las autoridades se traduzca en detenciones concretas y en la protección efectiva del patrimonio familiar, evitando que más residentes de la zona sean víctimas de este modelo de criminalidad organizada.