SCJN ordena juzgar desapariciones de defensoras con perspectiva de género

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución histórica al determinar que los casos de desaparición de mujeres defensoras de derechos humanos deben ser juzgados bajo una perspectiva de género e interseccionalidad. Esta decisión judicial establece que la aplicación de este enfoque no es opcional, sino una obligación procesal para las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia en México. Con este fallo, el máximo tribunal busca garantizar que las investigaciones consideren las condiciones específicas de vulnerabilidad y los riesgos diferenciados que enfrentan las mujeres al realizar labores de defensa social.

La resolución surge tras el análisis de casos donde la labor de activismo fue un factor central en la desaparición de las víctimas. Los magistrados señalaron que, al investigar estos hechos, las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR) deben analizar cómo los prejuicios de género y las estructuras de desigualdad pudieron influir en la comisión del delito. La SCJN enfatizó que omitir este análisis representa una violación al debido proceso y un obstáculo para el acceso a la verdad y la justicia integral.

El fallo detalla que la interseccionalidad permite reconocer cómo otros factores, tales como el origen étnico, la condición socioeconómica o el entorno territorial, se entrelazan con el género para incrementar la exposición al peligro de quienes defienden los derechos humanos. De esta forma, el Poder Judicial pretende que las sentencias y los procesos de investigación dejen de tratar estos eventos como casos aislados o desvinculados de la actividad pública de las afectadas. Se instruye a los juzgadores a valorar las pruebas bajo este nuevo estándar para evitar la revictimización y asegurar que los perpetradores enfrenten las consecuencias legales correspondientes.

Especialistas en derecho constitucional han señalado que esta determinación refuerza los protocolos de actuación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y las fiscalías locales. La medida busca homologar las prácticas institucionales en todo el territorio nacional, obligando a los operadores jurídicos a capacitarse constantemente en materia de derechos humanos y género. Aunque el camino para la implementación total en los tribunales locales persiste como un reto, la SCJN ha dejado claro que la falta de perspectiva de género será motivo suficiente para que los procesos puedan ser revisados y corregidos ante instancias superiores.