jueves, 6 de agosto de 2026

México

Proponen multas de 290 mil pesos por incumplir contratación de jóvenes

Una nueva iniciativa legislativa busca obligar a empresas con más de 40 empleados a contratar un 5% de jóvenes bajo pena de sanción económica.

Redacción Despacho Nacional
Foto: eleconomista.com.mx

El Congreso de la Unión analiza una propuesta de reforma que busca incentivar la inserción laboral juvenil mediante la imposición de una cuota obligatoria en las empresas. La iniciativa plantea que los centros de trabajo con una plantilla de 40 personas o más deberán destinar al menos el 5% de sus puestos a jóvenes, con el objetivo de reducir la tasa de desempleo en este sector de la población mexicana.

En caso de que las empresas incumplan con este porcentaje de contratación, la propuesta establece la aplicación de una multa que superaría los 290 mil pesos. Este esquema sancionatorio busca garantizar que el sector privado participe activamente en la creación de oportunidades laborales para recién egresados y jóvenes que buscan su primer empleo, bajo la supervisión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Los legisladores que impulsan esta reforma señalan que la medida es necesaria para frenar la precariedad laboral que enfrentan miles de jóvenes en el país. Argumentan que, a pesar de los programas de bienestar vigentes, existe una brecha significativa entre la formación académica y la capacidad de las empresas para absorber a los nuevos talentos, lo que deriva en subempleo o migración hacia la informalidad.

Por su parte, diversos sectores empresariales han expresado la necesidad de revisar los alcances de esta medida para asegurar que no afecte la productividad de las pequeñas y medianas empresas. La discusión en la Cámara de Diputados se centrará en analizar si la obligatoriedad de la cuota y el esquema de multas representan el mecanismo más adecuado para fomentar el desarrollo económico y el empleo digno en México.

La iniciativa se encuentra actualmente en fase de análisis dentro de las comisiones correspondientes del Congreso. De avanzar, el proyecto deberá pasar por el pleno de ambas cámaras para su votación, donde se definirá si el marco legal laboral incluirá este nuevo requisito obligatorio para el sector privado en todo el territorio nacional.

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