Padres de los 43 normalistas rechazan nueva propuesta de Comisión de la Verdad

A doce años de la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, un grupo representativo de padres y madres de los 43 jóvenes formalizó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) su rechazo a la creación de una Comisión de la Verdad propuesta por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Los familiares argumentaron que dicha instancia judicial podría representar un retroceso en las investigaciones ministeriales que actualmente encabeza la Fiscalía General de la República, además de señalar que el proceso actual ha sido insuficiente para localizar a sus hijos.

La postura de los padres se centra en la exigencia de que el máximo tribunal mexicano priorice el cumplimiento de las sentencias previas en lugar de abrir cauces burocráticos que, a su juicio, únicamente dilatan la verdad sobre los hechos ocurridos en Iguala. En su petición, el colectivo enfatizó que la creación de este nuevo ente desvirtuaría las labores de búsqueda en campo y la identificación de restos, desviando recursos y atención de las líneas de investigación que siguen vigentes en las fiscalías especializadas.

El descontento de los familiares también responde a la reciente recomendación emitida por la CNDH, la cual sugería un nuevo modelo de seguimiento para los casos de violaciones graves a derechos humanos. Para los padres, este planteamiento ignora el desgaste emocional que implica someterse a procesos de investigación paralelos cuando aún no se han esclarecido las responsabilidades de las autoridades locales y federales involucradas en la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014.

La SCJN deberá ahora evaluar el recurso presentado por los representantes legales de los familiares. Mientras tanto, el grupo ha manifestado que mantendrá sus movilizaciones en la Ciudad de México para exigir que el Poder Judicial actúe con celeridad, transparencia y respeto a la dignidad de las víctimas, evitando cualquier resolución que pueda ser interpretada como un acto administrativo sin efectos vinculantes reales.

Este posicionamiento ocurre en un momento en el que diversas organizaciones de la sociedad civil han expresado su respaldo a las familias, coincidiendo en que la prioridad del Estado debe ser la búsqueda efectiva de los normalistas. Se espera que en las próximas semanas la Corte convoque a una sesión para determinar la viabilidad de la propuesta de la CNDH ante la negativa tajante de quienes han exigido justicia por más de una década.