Kenia López acusa a Luisa María Alcalde de rebasar límites éticos

La senadora Kenia López Rabadán señaló este sábado a la consejera jurídica del Ejecutivo federal, Luisa María Alcalde, por considerar que rebasó un límite ético al difundir públicamente un listado que identifica a 120 cuentas de redes sociales como críticas hacia la administración actual. Esta declaración surge tras la exposición de dicho registro durante las actividades informativas del gobierno, lo que ha generado una serie de cuestionamientos sobre el uso de recursos institucionales para monitorear el debate digital.

Durante su posicionamiento, la legisladora argumentó que la exposición de ciudadanos y usuarios de redes sociales desde una posición de poder representa una vulneración al ejercicio de la libertad de expresión y al derecho a la crítica política. Según la postura expresada por el equipo de la senadora, este tipo de acciones podrían derivar en un ambiente de presión hacia quienes utilizan plataformas digitales para cuestionar las políticas públicas implementadas por el gobierno de la República.

Por su parte, la consejería jurídica ha mantenido que el seguimiento de las menciones y posturas en redes sociales forma parte de las facultades de monitoreo de la opinión pública que realiza el gobierno federal para conocer el sentir ciudadano. Desde la perspectiva de la dependencia, el ejercicio de transparencia informativa incluye la exposición de las narrativas que se generan en el ecosistema digital, sin que esto implique una limitación a la libertad de los usuarios.

El debate sobre la ética en la comunicación gubernamental se intensifica en un contexto donde el uso de las redes sociales es central para la interacción política en México. Legisladores de la oposición han solicitado que se establezcan protocolos claros sobre el tratamiento de datos y la identificación de usuarios por parte de las dependencias federales, con el fin de evitar que el monitoreo derive en prácticas que puedan interpretarse como actos de intimidación hacia la crítica ciudadana.

Hasta el momento, no se han anunciado medidas legales específicas por parte de la oposición tras este suceso, aunque se prevé que el tema sea abordado en las próximas sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. La discusión se mantiene abierta mientras diversos sectores de la sociedad civil exigen garantías para el libre debate en el espacio público digital sin temor a represalias o señalamientos desde las instituciones oficiales.