Jorge Romero exige investigación federal contra la gobernadora Marina del Pilar
El dirigente nacional del PAN solicitó al gobierno federal proceder legalmente tras la difusión de audios que involucran a la mandataria de Baja California.

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero, hizo un llamado formal este lunes 20 de julio de 2026 para que las autoridades federales apliquen la ley contra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. La petición surge a raíz de la reciente difusión de audios que han generado cuestionamientos sobre el ejercicio de sus funciones públicas, por lo que el líder panista demandó que se realicen las indagatorias pertinentes sin distinción de colores partidistas.
Durante su posicionamiento, Romero insistió en que el gobierno federal debe garantizar la imparcialidad en este proceso, subrayando que la legalidad debe prevalecer sobre cualquier afinidad política. El dirigente nacional enfatizó que el Estado mexicano tiene la responsabilidad de esclarecer los hechos denunciados para evitar la impunidad y asegurar que los funcionarios públicos rindan cuentas ante la ciudadanía conforme a lo establecido en la Constitución.
La dirigencia del PAN ha señalado que se mantendrán atentos a las acciones que emprenda la Fiscalía General de la República ante la gravedad de los señalamientos expuestos en las grabaciones. Según el equipo de comunicación del partido, la solicitud busca que las instituciones de procuración de justicia actúen con autonomía, permitiendo que las pruebas sean analizadas bajo los estándares del debido proceso y la transparencia institucional.
Por su parte, el llamado a la aplicación de la ley también incluye la exigencia de que se deslinden responsabilidades de manera pronta y expedita. El PAN sostiene que la credibilidad de las instituciones gubernamentales depende de la eficacia con la que se atiendan los señalamientos de posibles irregularidades administrativas o políticas, independientemente del cargo que ostente la persona señalada en la entidad federativa.
Hasta el momento, no se ha confirmado el inicio de una investigación formal por parte de los órganos de control federales. El sector opositor ha reiterado que continuará ejerciendo presión legislativa y política para asegurar que el tema no quede archivado y se dé una respuesta clara a la opinión pública sobre la veracidad y las implicaciones legales de los audios difundidos.
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