Grecia Quiroz cuestiona permanencia de Rocha Moya e Inzunza en Sinaloa

La activista y voz crítica en la esfera política, Grecia Quiroz, calificó este martes como un error la permanencia del gobernador Rubén Rocha Moya y del secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza, en sus actuales cargos. Quiroz argumentó que la continuidad de ambos funcionarios, quienes han sido señalados en diversas denuncias públicas por presuntos vínculos con actividades ilícitas, representa un obstáculo para la estabilidad política y la seguridad en el estado de Sinaloa.

Durante sus recientes declaraciones, Quiroz enfatizó que las instituciones deben estar blindadas contra cualquier sospecha de infiltración criminal. La postura de la activista subraya la necesidad de que los funcionarios públicos mantengan una reputación intachable para garantizar el correcto ejercicio de la administración estatal y el respeto al Estado de derecho que rige en el país.

La propuesta central de Quiroz es la implementación de una política de tolerancia cero ante cualquier indicio de corrupción o nexos con el crimen organizado dentro de los gobiernos estatales. Según sus portavoces, esta medida es indispensable para recuperar la confianza de la ciudadanía y asegurar que los recursos públicos y la seguridad de la población no se vean comprometidos por intereses ajenos a la legalidad.

La crítica se suma al debate nacional sobre la integridad en los gobiernos locales y la supervisión que ejercen los órganos de control sobre los mandatarios en funciones. Quiroz ha instado a las autoridades federales y a los órganos fiscalizadores a revisar de manera exhaustiva las trayectorias y vínculos de los servidores públicos, con el fin de evitar que el ejercicio del poder se vea cuestionado por señalamientos externos.

Finalmente, la activista reiteró que este llamado no es un ataque personal, sino una exigencia ciudadana para que la ética prevalezca en la vida pública mexicana. Considera que la transparencia y la rendición de cuentas son los únicos caminos viables para fortalecer la democracia y garantizar un entorno de paz social en todas las entidades federativas.