FGR investiga a Ernesto Ruffo por presunto contrabando y fraude fiscal

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación formal en contra del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, por su presunta participación en delitos de contrabando de combustible y fraude fiscal millonario. Las indagatorias, que cobraron relevancia en los últimos días, buscan esclarecer el origen y la legalidad de las operaciones comerciales vinculadas al político en el sector energético.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió recientemente al caso durante sus conferencias matutinas, descartando que la detención y el proceso legal respondan a una estrategia de justicia selectiva. La mandataria enfatizó que el proceso es resultado de las investigaciones de las autoridades competentes y no debe interpretarse como un asunto de índole política, asegurando que su administración revisará de manera general la actuación del sistema judicial en casos de relevancia pública.

Fuentes cercanas a la investigación señalan que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), ha colaborado estrechamente con la FGR para integrar las pruebas sobre la supuesta evasión de impuestos y la internación ilegal de hidrocarburos. El caso ha puesto nuevamente sobre la mesa la necesidad de fortalecer los controles aduanales y la vigilancia en la importación de energéticos en las zonas fronterizas del país.

Por su parte, el equipo legal del exgobernador ha manifestado que colaborarán con las autoridades para aclarar los señalamientos, confiando en que el proceso se lleve a cabo conforme a derecho y respetando el debido proceso. Mientras tanto, el Poder Judicial enfrenta un periodo de escrutinio público, coincidiendo con las reformas impulsadas para transformar la impartición de justicia en México y garantizar mayor transparencia en los procesos contra exfuncionarios públicos.

La ciudadanía se mantiene a la expectativa sobre los resultados de las diligencias que realiza la Fiscalía, las cuales podrían derivar en citatorios adicionales o la presentación de pruebas contundentes ante los jueces federales en los próximos meses.