Dos de cada cinco vehículos remitidos a corralones terminan abandonados en México

En la Ciudad de México, el sistema de remisiones vehiculares enfrenta una crisis de acumulación debido a los costos operativos y sancionatorios. De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dos de cada cinco vehículos que son retirados de la vía pública y trasladados a los depósitos nunca son reclamados por sus propietarios. Este fenómeno ocurre principalmente porque el valor acumulado de las multas, los gastos de arrastre y el pago por día de permanencia supera el valor comercial del propio vehículo.

La situación se ha vuelto insostenible para muchos automovilistas que, ante el escenario económico, prefieren dejar perder su patrimonio. Los depósitos vehiculares, administrados bajo supervisión de las autoridades locales, reportan que miles de unidades permanecen en sus instalaciones durante meses o años, ocupando espacio y convirtiéndose en chatarra. Este abandono genera un problema de gestión urbana y ambiental, ya que las unidades acumuladas requieren procesos especiales para su disposición final.

Especialistas en movilidad urbana señalan que la estructura de costos actuales actúa como un desincentivo para recuperar las unidades. Cuando un ciudadano se enfrenta a una cuenta por liberar su vehículo que rebasa el precio de mercado del mismo, la opción lógica de mercado suele ser el abandono. Esta realidad pone en evidencia la necesidad de revisar los tabuladores de cobro y los procesos administrativos para la liberación de vehículos en las distintas entidades federativas del país.

El problema no es exclusivo de la capital, aunque las cifras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han puesto el foco en la urgencia de actualizar los reglamentos de tránsito. Las autoridades buscan mecanismos para agilizar la compactación de unidades o la subasta de las mismas, evitando que los corralones se conviertan en cementerios de autos que, en muchos casos, aún podrían ser funcionales si se facilitaran los trámites de recuperación para los dueños.

Ante este panorama, diversos sectores han propuesto la creación de convenios de pago o programas de descuentos temporales para incentivar la liberación de vehículos. Sin embargo, hasta la fecha, el marco normativo mantiene los costos vigentes, lo que sigue complicando que un alto porcentaje de los conductores pueda recuperar sus unidades una vez que han sido ingresadas a los depósitos oficiales.