Claudia Sheinbaum mantiene 71.5% de aprobación ciudadana a mitad de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mantiene un nivel de aprobación del 71.5% entre la ciudadanía mexicana, de acuerdo con los resultados presentados este lunes por la casa encuestadora MetricsMx. Este indicador refleja una tendencia de estabilidad en la percepción pública hacia el Poder Ejecutivo Federal durante el segundo semestre de 2026, consolidando el respaldo a los programas prioritarios de la administración en curso.

Dentro de los rubros mejor evaluados por la población se encuentra la política de vivienda, donde un 68.9% de los encuestados manifestó su apoyo a las iniciativas orientadas a facilitar el acceso a hogares dignos. Este rubro incluye los esfuerzos de regularización de escrituras y propiedad de la tierra, programas que han sido señalados por el equipo de gobierno como ejes fundamentales para brindar certeza jurídica a familias en diversas entidades del país.

El análisis de la opinión pública revela que el respaldo a la gestión federal se sostiene sobre la implementación de los Programas de Bienestar y la continuidad de las obras de infraestructura social. Fuentes cercanas al gabinete presidencial indicaron que la estrategia de atención directa en los municipios con mayor rezago habitacional ha sido un factor determinante en la consolidación de estos índices de aceptación en el actual contexto nacional.

Por otra parte, la administración federal ha reiterado su intención de ampliar los esquemas de financiamiento a través de instituciones como el INFONAVIT y la SEDATU. Estas propuestas buscan reducir el déficit de vivienda mediante la construcción de nuevos desarrollos urbanos y la simplificación de trámites administrativos, una política que, según reportes del sector económico, busca incentivar la inclusión social en las zonas metropolitanas del país.

Finalmente, el estudio de opinión subraya la importancia que los ciudadanos otorgan a la regularización de la tenencia de la tierra. Este proceso es visto por el Ejecutivo como un mecanismo para fortalecer el patrimonio familiar y reducir la desigualdad en el acceso a servicios básicos, manteniendo así el vínculo de confianza con la población conforme avanzan los programas sociales de la administración federal.