Ariadna Montiel niega persecución política contra el exsenador Ernesto Ruffo
La titular de la Secretaría de Bienestar rechazó que las investigaciones contra Ernesto Ruffo sean motivadas por venganzas políticas, calificándolas como acciones legales por presunto tráfico de combustible.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, descartó este miércoles que exista una persecución política en contra del exsenador Ernesto Ruffo Appel. Durante una conferencia de prensa, la funcionaria federal enfatizó que las indagatorias iniciadas por las autoridades competentes responden exclusivamente a presuntas actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de combustible, desestimando los señalamientos de la oposición sobre un supuesto uso faccioso de las instituciones del Estado.
Montiel señaló que los partidos de derecha han intentado desviar la atención pública al presentar el caso como un ataque ideológico. De acuerdo con la secretaria, este tipo de defensas buscan proteger intereses particulares ajenos a la legalidad. La funcionaria reiteró que cualquier ciudadano, independientemente de su trayectoria política o cargos públicos previos, debe responder ante la Fiscalía General de la República cuando existan pruebas de posibles actos contrarios a la ley.
La postura del gobierno federal se mantiene en el sentido de no permitir la impunidad en delitos que afectan los recursos estratégicos del país. Según lo expresado por la secretaria, no se trata de una venganza, sino del cumplimiento de los procesos judiciales que corresponden a cualquier investigación sobre el manejo irregular de hidrocarburos. La dependencia federal ha insistido en que el Poder Judicial debe actuar con autonomía y transparencia en la resolución de este asunto.
Por su parte, los sectores de la oposición han cuestionado la oportunidad de estas investigaciones en el actual contexto político. Argumentan que los procesos podrían estar siendo utilizados para debilitar a figuras críticas ante la opinión pública. Sin embargo, el equipo de la Secretaría de Bienestar sostuvo que los señalamientos son infundados y que el proceso se encuentra en manos de las autoridades ministeriales, quienes son las únicas facultadas para determinar responsabilidades penales conforme a derecho.
El caso se mantiene bajo seguimiento en las instancias judiciales, mientras el gobierno federal asegura que continuará colaborando con la Fiscalía para esclarecer los hechos denunciados. La secretaria Montiel concluyó su mensaje haciendo un llamado a separar las responsabilidades legales de la narrativa política, subrayando que la justicia en México debe aplicarse sin distinciones partidistas ni privilegios para quienes ocuparon cargos de elección popular en el pasado.
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